VIVA LA CONSTITUCIÓN

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Con las actividades que se realizan estos días en los centros educativos de Andalucía, se pretender celebrar el 36º aniversario de la aprobación en referéndum el 6 de diciembre de 1978 de nuestra Constitución, fomentando los valores ciudadanos y democráticos sobre los que se asienta el sistema de libertades y derechos humanos que constituyen la base de nuestra convivencia democrática asentada en el Estado de Derecho.

En unos momentos especialmente delicados en nuestro país en los ámbitos político, social y económico toma más importancia el conocimiento de la etapa histórica denominada “Transición”, basada en el restablecimiento de libertades y derechos fundamentales y en el proceso hacia una sociedad y unas instituciones democráticas, en el que jugó un papel importante el diálogo, la negociación y el consenso entre los políticos de los distintos partidos de esa trascendental etapa histórica, que dieron como resultado la elaboración y aprobación de nuestra actual Constitución. Sirvan como ejemplo esos valores para nuestros jóvenes estudiantes.

El Departamento de Historia realiza todos los años actividades para fomentar valores cívicos y democráticos y para afianzar el conocimiento de nuestra Carta Magna.

En concreto, los profesores/as del Departamento de Historia, Beatriz García-Trevijano, Gregorio Porras y Felisa Rodríguez, con sus alumnos/as de Educación para la Ciudadanía de 3º ES.O. y Ámbito Social de 1º F.P.B. y 2º P.C.P.I., y además los alumnos/as de A.T.A.L. con su profesora Palmira Aragonés, han realizado actividades basadas en el texto constitucional y en la paloma de Rafael Alberti (andaluz, poeta y diputado por el P.C.E. en las elecciones de 1977) componiendo murales que resaltan la vigencia de nuestra Carta Magna y de los valores fundamentales de la convivencia democrática. Trabajos expuestos en estos primeros días de diciembre en el vestíbulo de nuestro Instituto.

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El rey Juan Carlos de Borbón nombró en julio de 1976 a Adolfo Suárez jefe de gobierno, lo que será determinante para la restauración de la democracia en España.

Ambos promovieron en este sentido la Ley para Reforma Política, redactada por Torcuato Fernández Miranda, que pretendía desde la legalidad vigente pasar de una situación política basada en la Leyes Fundamentales y en los Principios del Movimiento Nacional a un sistema democrático que tuviera en cuenta: La soberanía popular, la formación de unas Cortes elegidas por sufragio universal, libre, directo y secreto y la elaboración de una Constitución con amplia relación de derechos y libertades.

Aunque tal ley suponía la desaparición de las estructuras franquistas y de las mismas Cortes, los procuradores la aprobaron por amplísima mayoría, 435 a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Según la legislación franquista la ley debía ser aprobada en referéndum, la oposición pidió la abstención, los conservadores el no. Finalmente fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, 94% de votos a favor, votaron el 77% del censo.

La Ley de Reforma Política obligaba al gobierno a convocar elecciones generales y a restablecer las libertades y el pluralismo político. Las futuras Cortes tendrían carácter constituyente y quedarían formadas por dos cámaras: el Congreso y el Senado.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936, consiguiendo el triunfo la Unión de Centro Democrático del presidente Suárez (34 % votos), seguida por el PSOE (29 %) y a mucha más distancia por el PCE-PSUC y Alianza Popular (9 % y 8% respectivamente).

El diseño del texto constitucional se fundamentó en la política de consenso entre partidos. En primer lugar, una comisión de 36 diputados designó una Ponencia formada por 7 miembros, son los llamados “padres de la Constitución”: Gabriel Cisneros, Pérez Llorca y Herrero de Miñón por parte de la UCD; Manuel Fraga de AP; Peces-Barba del PSOE; Solé Tura del PCE-PSUC y Miquel Roca por parte de CIU, que redactó un anteproyecto, que se debatió en las Cortes entre mayo y octubre de 1978, aprobándose el 31 de octubre de 1978

Finalmente fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, votó el 67% del censo y fue aprobada por el 87% de los votantes. Se creaba un nuevo Estado democrático y el diseño del mapa autonómico español.

La Constitución define España como un “Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político”. España es reconocida como un Estado democrático, en concreto una monarquía parlamentaria donde la soberanía reside en el pueblo español y la unidad de España es compatible con el derecho a la Autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

El Título primero de la Constitución trata de los derechos y libertades individuales, conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para salvaguardar estos derechos se crea la figura del Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional se ocupa de controlar la constitucionalidad de las leyes, y también resuelve los posibles conflictos entre las normativas aprobadas por las Comunidades autónomas y las normativas del Estado.

Se establece la separación e independencia de los 3 poderes:

El poder legislativo reside en las Cortes Generales, con dos cámaras (Congreso de los Diputados para la aprobación de leyes y Senado para refrendarlas)., depositarias de la soberanía nacional. Cada 4 años o antes hay que renovar las Cortes con Elecciones Generales, por sufragio universal directo y secreto por los mayores de edad, 18 años.

El Gobierno, Presidente y ministros, tiene el poder ejecutivo. Dirige la política interior y exterior de España, presenta proyectos de ley a las Cortes, elabora los Presupuestos Generales. Las Cortes controlan al ejecutivo a través de la investidura y la moción de censura. La acción del gobierno queda limitada por el Derecho. El Rey desempeña la Jefatura del Estado, con cargo vitalicio y hereditario. Las atribuciones son la representación del Estado, la sanción de las leyes y el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas. El rey carece de poderes políticos.

El poder judicial a cargo de juzgados y tribunales, situándose en la cúspide el Tribunal Supremo.

El texto constitucional distingue entre nacionalidades o comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) del resto de las regiones. Como consecuencia, se establecieron dos vías para crear CCAA: la vía rápida (prevista en el art. 151) permitía el acceso directo mediante la aprobación en referéndum de un Estatuto de Autonomía y la vía lenta (recogida en el art. 143) fijaba la asunción de competencias en el plazo 5 años sin precisar referéndum para constituirse en comunidad. Así, entre 1979 y 1983 se llevó a cabo el proceso de creación de las 17 CCAA existentes en la actualidad. Aprobándose sus Estatutos de Autonomía inicialmente en Cataluña y País Vasco (octubre 1979), seguidas por Galicia (diciembre 1980) y Andalucía (octubre 1981, que también se acogió a la vía rápida)). Finalmente entre 1981 y 1983 surgieron otras 13 CCAA.

La Constitución de 1978 es la novena en la historia de España, si incluimos los Estatutos de Bayona de 1808 y el Estatuto Real de 1834, junto con la de Cádiz de 1812, la progresista de 1837, la moderada de 1845, la de 1869 en el sexenio revolucionario, la de 1876 en la Restauración canovista y la republicana de 1931. Y es la segunda con más tiempo en vigor, tras la de 1876.

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